Entre 2012 y 2022, al menos 569 personas fueron investigadas, denunciadas o procesadas por aborto en Brasil. La mayoría de las acusadas son mujeres en situación de vulnerabilidad social: negras, de zonas periféricas, madres solteras y con vínculos laborales precarios. Se encontraron 66 sentencias condenatorias y al menos 218 mujeres fueron privadas de su libertad en algún momento del proceso. De ese total, 175 arrestos se realizaron de manera preventiva; es decir, antes de la sentencia final.
Los datos forman parte de un nuevo estudio del Instituto de Bioética (Anis), en colaboración con la organización de derechos humanos Ríos/Rivers. El relevamiento señala además que el número de condenas podría estar subestimado debido a la escasez de datos públicos y a la falta de transparencia en los registros judiciales.
El informe muestra que las confesiones obtenidas bajo coacción y las denuncias basadas en especulaciones son prácticas recurrentes. Muchas mujeres enfrentaron procesos penales solo por relatos informales o sospechas, como la ingesta de infusiones o analgésicos, sin ningún informe o examen pericial que comprobara la práctica del aborto (ver testimonios abajo).
Violación del secreto profesional
El estudio denuncia una práctica sistemática de violación del secreto profesional por parte de trabajadores de la salud y consejeros tutelares. Cerca del 46% de las denuncias provinieron de estos agentes, violando no solo principios éticos, sino también preceptos constitucionales y legales.
Casos narrados en el documento evidencian que las mujeres fueron coaccionadas a confesar delitos durante la atención médica, bajo amenaza o chantaje moral, y muchas veces sin ninguna prueba material de la práctica abortiva.
Jueces y fiscales, según el informe, recurrieron frecuentemente a términos como “crueles”, “maléficas” o “frías” para describir a las mujeres, basándose en juicios morales y no en pruebas. En diversos casos, mujeres víctimas de violación fueron tratadas como criminales y no como víctimas, incluyendo a adolescentes obligadas a llevar adelante embarazos no deseados o que fueron denunciadas al intentar acceder a un aborto legal.
Los hombres agresores, por otro lado, muchas veces recibieron penas más leves o ni siquiera fueron denunciados adecuadamente.
— El sistema de justicia impone a las mujeres medidas estigmatizantes de larga duración. Una vez iniciado el proceso, pasan años presentándose ante los juzgados. Muchos casos son expuestos en los medios y difundidos por el vecindario en ciudades pequeñas. Tienen miedo de morir, de ser arrestadas y también existe una violación de su identidad — explica la codirectora de Anis y coordinadora de la investigación, Luciana Brito.
Testimonios de las víctimas
El relevamiento identificó a 13 hombres agresores que, según los expedientes, habrían amenazado o coaccionado a las mujeres para interrumpir el embarazo. En uno de los casos, una mujer relató que fue forzada por su pareja a ingerir Cytotec.
“Agarrándome por la mandíbula, me ordenó que abriera la boca y tragara las pastillas. Obligada por la violencia, terminé accediendo y las tragué”, dijo en su declaración.
Otro caso presenta la declaración de una adolescente víctima de violación por parte de su propio padre, quien tras sufrir complicaciones y buscar atención médica, fue denunciada y procesada por aborto con consentimiento.
“Se destacó que la acusada fue abusada por el reo desde los 15 años, manteniendo relaciones sexuales durante mucho tiempo, lo que culminó en su embarazo. Debido a esto, fue obligada a tomar infusiones y remedios abortivos […] aunque figuraba como víctima del delito de violación, fue denunciada por el delito de aborto en coautoría con su padre”, detalla el proceso.
Los testimonios recogidos durante la investigación también revelan los traumas que trascienden los expedientes judiciales. Una mujer, internada por una emergencia obstétrica, relató: “En el momento en que estaba en la sala de partos, la enfermera jefa me cuestionaba y decía ‘confiesa, ya sabemos lo que hiciste, confiesa, será mejor para ti’. También hablaba de Dios, que iba a ser castigada para siempre”.
En otro fragmento, una paciente afirmó: “Fui expuesta por la policía, por el hospital. Todavía estaba en el hospital, sintiendo dolores, y tuve una convulsión. Las enfermeras me estaban juzgando y en ningún momento intentaron ayudarme”.
Según Luciana Brito, coordinadora de la investigación, es necesaria una formación eficiente de los profesionales, tanto en Salud como en el Poder Judicial, para que estas mujeres no sean revitimizadas:
— Es necesaria una formación de los profesionales de salud, con capacitación continua para destacar la importancia del cuidado y el secreto profesional con la paciente. En el Ministerio Público este cuidado también es importante porque el órgano se ha mostrado poco sensible a los casos, aceptando pruebas sin materialidad. Además de la urgencia de la votación de la ADPF 442 en el STF, que despenaliza el aborto hasta la semana 12 — concluye.
