Un estudio realizado por la ONG Anis Instituto de Bioética y difundido este martes (1º) señaló que cuatro de cada cinco mujeres denunciadas por abortar —o permitir el aborto en otra persona— fueron condenadas por la Justicia.
El relevamiento trazó un mapa de procesos judiciales sobre el aborto en Brasil entre los años 2012 y 2022. En él se analizaron 402 documentos judiciales contra 569 personas, recopilados en 23 tribunales estatales y 2 tribunales superiores.
Según Anis, también se obtuvieron 12 documentos a través de la Ley de Acceso a la Información de 12 estados sobre la situación de personas presas por aborto, además de realizarse entrevistas adicionales con seis personas: dos profesionales de la salud, tres defensoras públicas y una mujer criminalizada por aborto.
Para el estudio, dentro de los 402 casos analizados, al menos 569 personas fueron procesadas por aborto en el periodo analizado, siendo estas:
- 183 mujeres procesadas por autoaborto;
- 120 prestadores o prestadoras de servicios relacionados al procedimiento;
- 98 coimputados/as;
- 44 profesionales de la salud;
- 38 personas partícipes o colaboradoras;
- 28 familiares de las mujeres;
- 25 personas no identificadas;
- 20 hombres agresores;
- 13 hombres asociados a las mujeres y acusados por involucramiento en el proceso de aborto.
“Existe una falsa presunción de que la ley penal del aborto no se aplica. En realidad, cuando una necesidad de salud es controlada por políticas criminales, la protección de la salud y del bienestar de niñas, mujeres y todas las personas se ve amenazada por prácticas inquisitoriales, incluso en espacios que deberían ser de cuidado, como los servicios de salud”, señaló Luciana Brito, codirectora de Anis y una de las coordinadoras de la investigación.
El mapa indica además que, de las 104 denuncias con origen identificado, 48 partieron de profesionales de la salud. La ONG afirma que este número podría ser aún mayor, ya que la investigación policial frecuentemente ocurrió inmediatamente después de que la mujer buscara los servicios de salud.
Al menos 218 personas fueron privadas de libertad en Brasil como consecuencia de la criminalización del aborto, incluyendo 175 prisiones preventivas.
La investigación forma parte de la campaña internacional “A todas nos puede pasar – por una salud sin condenas” (o Poderia Ser Eu), que reúne datos sobre la criminalización del aborto en Brasil, Chile, Guatemala, Perú, República Dominicana y Uruguay.
