Casi 10 mil mujeres fueron investigadas en la última década por abortos, en muchos casos involuntarios. Un nuevo estudio muestra que, aunque la cárcel efectiva no se aplique, los efectos financieros, laborales y en salud mental generan daños severos en las mujeres denunciadas.
Yesenia aún sangraba cuando dos policías entraron a su habitación del hospital. Tenía 24 años y había llegado con un aborto espontáneo, es decir, la pérdida natural e involuntaria del embarazo antes de la semana 20, sin una intervención médica o externa. Pero, en lugar de recibir atención, fue interrogada por oficiales de la policía que llegaron de forma rápida al centro de salud. Le dijeron que el legrado que le acababan de hacer también servía como prueba. Ella no entendía a qué se referían. No sabía que estaba siendo acusada de un delito.
Pasó tres años asistiendo a audiencias judiciales. No fue condenada, pero el proceso le cerró las puertas laborales: tenía antecedentes judiciales. “Mi vida se detuvo”, dice hoy. Como ella, otras miles han sido perseguidas por el Estado tras vivir un evento obstétrico. «Diario El Comercio. Todos los derechos reservados.»
Entre 2012 y 2022, el Ministerio Público investigó a 9,962 mujeres por el delito de aborto. El 99% fueron por autoaborto, la interrupción voluntaria del embarazo realizada por la propia mujer, sin asistencia médica y, a menudo, mediante métodos inseguros. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), estos procedimientos ponen en riesgo grave la salud y la vida de quienes los practican. «Diario El Comercio. Todos los derechos reservados.»
