Sobre la iniciativa
La Iniciativa
Recientes experiencias en América Latina han demostrado que la producción de datos y evidencia sobre los efectos del uso del derecho penal en temas de salud sexual y reproductiva ha sido clave para impulsar reformas legales. Ejemplos destacados incluyen la legalización del aborto en Argentina en 2020 y la sentencia C-055/2022 en Colombia, que despenalizó el aborto hasta la semana 24. En este contexto, esta iniciativa regional busca transformar el enfoque jurídico sobre el aborto, promoviendo la generación de evidencia empírica que visibilice cómo la criminalización afecta los derechos humanos, especialmente de personas en situación de vulnerabilidad por razones género, socioeconómicas, localización geográfica y/o identidad étnica.
Para avanzar hacia una comprensión más profunda y regional de los efectos del derecho penal en el acceso al aborto, nos propusimos desarrollar una metodología estandarizada de investigación. Esta permite comparar los resultados entre países y evidenciar el costo humano de regular un servicio esencial como el aborto desde una perspectiva punitiva. La investigación apoya estrategias nacionales para ampliar el acceso al aborto y su despenalización, abordando aspectos clave como la relación entre leyes penales y el derecho a la salud, el acceso a la información y las desigualdades estructurales en salud y equidad de género.
ESTRATEGIA
Implementamos una estrategia multidimensional que contempla tres componentes, cada uno con tres fases: una de investigación legal, otra de comunicaciones y una tercera de consolidación de alianzas. La iniciativa responde a los siguientes objetivos:
- Aportar evidencia de la mano de organizaciones nacionales para impulsar una discusión a nivel país sobre la necesidad de generar un cambio legal que se abstenga de usar leyes penales para regular servicios de salud sexual y reproductiva o que reduzca dicho uso significativamente.
- Identificar tendencias de vulneración a derechos humanos a través de informes regionales para cada componente de la iniciativa que visibilicen el costo humano de estas leyes y políticas abusivas que penalizan el aborto.
- Fortalecer una corriente de opinión pública informada a través de historias que se difundan en una campaña regional sobre los efectos de la criminalización del aborto en las mujeres, personas con capacidad de gestar, profesionales de la salud y acompañantes.
- Fortalecer las alianzas nacionales, regionales y globales que permitan fomentar un diálogo transnacional, sur-norte y sur-sur sobre evidencias, estrategias y lecciones aprendidas en torno a la criminalización del aborto.
- Generar evidencia para el fortalecimiento de argumentos y estrategias que conduzcan a la protección de los marcos legales nacionales y regionales en torno a los derechos sexuales y reproductivos.
Este proyecto está compuesto por tres componentes:
1
COMPONENTE
Generar evidencia empírica en al menos seis países de la región para entender de qué forma las leyes que penalizan el aborto generan violaciones a derechos humanos y promueven estereotipos de género.
Los países y organizaciones socias son: Brasil (Anis), Chile (Miles), Guatemala (Crisálidas), Perú (Proyecta Igualdad), República Dominicana (CLADEM) y, Uruguay (MYSU).
2
COMPONENTE
Documentar en al menos 3 países de la región las consecuencias de la judicialización por aborto en la vida de las personas criminalizadas.
Los países y organizaciones socias son: Argentina (Mujer x Mujer), Ecuador (Surkuna), y El Salvador (La Agrupación Ciudadana)
3
COMPONENTE
Avanzar en estudios a profundidad sobre los hallazgos clave de los componentes 1 y 2.
Cada componente incluye tres fases: investigación, comunicación y alianzas estratégicas para difundir información a actores clave, lo que incluye el uso estratégico del derecho como eje transversal.